Los y las andalgalenses llegaron a las 600 caminatas en defensa del agua y en rechazo a la megaminería. Pese a la falta de licencia social, las empresas multinacionales y el Gobierno insisten en el extractivismo, y recurren a la violencia y a la criminalización. La población, desde las calles, reitera su “no” al extractivismo. Historia de una lucha de dos décadas, que atraviesa a tres generaciones y promete continuar.
Por: Ana Chayle desde Andalgalá.
Fotos: Susi Maresca
Las calles de Andalgalá, en el noroeste de Catamarca, son el marco de un sentir popular. Murales artísticos, pero también grafitis escritos apresuradamente, stencils repetidos hasta el cansancio y carteles manuscritos -algunos desteñidos ya por más sol que lluvias-, dan cuenta de una resistencia de larga data. Aunque las consignas son variadas, el mensaje es uno: Andalgalá no quiere megaminería en su territorio.
Estos gritos vueltos pared y cartón se expresan también en las urnas y las encuestas. Los tres últimos intendentes llegaron al poder con un discurso en contra de la explotación del yacimiento Agua Rica y las encuestas sobre el tema (incluidas en el Informe de Impacto Ambiental de Empresa Minera Agua Rica) arrojan un resultado contundente: el 85 por ciento de las y los habitantes de este suelo prefieren vivir en un ambiente sano por sobre el “desarrollo” megaminero.
En un desesperado intento por comprar voluntades y conseguir la llamada licencia social, en los últimos tiempos, desembarcaron en Andalgalá las fundaciones EcoConciencia y Andalgalá Activa, intentando lavarle la cara al extractivismo mediante un discurso verde. Sin embargo, con el antecedente de Alumbrera (que desde 1997 y durante dos décadas extrajo oro y cobre), “no puede volver a dormirse un pueblo que ya despertó”, según repite la radio comunitaria El Algarrobo, para hacerle frente a la mayoría de los medios de comunicación locales, alineados al discurso pro-megaminero.
El miedo como estrategia minera
Ante el fracaso de estas tácticas, la alianza entre el poder político, las multinacionales y el Poder Judicial jugaron la carta del miedo. Así, en abril último, y luego del sospechoso incendio en una sede de la empresa MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera -de las multinacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont), doce vecinas y vecinos fueron detenidos y varias viviendas violentamente allanadas. A la par, llovieron las denuncias públicas por hostigamiento, vigilancia y persecución policial contra asambleístas, que se sumaron a las amenazas proferidas por grupos autodenominados “promineros”.
Sin embargo, esta estrategia tampoco funcionó al plan extractivista. “Cuando pensamos que la gente no iba a ir, porque había miedo a la pandemia, porque estábamos en Fase 1 de la pandemia, porque la Policía había militarizado las calles, la gente igual salió. Y no salió con violencia u hostilidad, salió con esperanza, con alegría”, relata emocionada Daniela Fernández, asambleísta desde el minuto cero.
Un Poder Judicial al servicio de empresas mineras
A la velocidad de la fiscal Soledad Rodríguez para solicitar allanamientos y detenciones contra vecinas y vecinos, se contrapone la demora para actuar en la averiguación real del delito y la protección de los bienes comunes.
En el marco de la judicialización, La Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) denunció el conflicto de intereses de la fiscal Soledad Rodríguez, ex empleada del sector minero (síndica de la empresa FMC Minera del Altiplano –que explota litio en Catamarca y Salta–) y con públicos viajes a Toronto (Canadá) para promocionar yacimientos mineros en Argentina.
Debido a la inexistencia de pruebas, el juez Rodolfo Cecenarro liberó a las personas que pasaron dos semanas privadas de su libertad: ocho de ellas hacinadas en un calabozo y cuatro en sus domicilios. Más de tres meses después, y pese a que la causa ya suma cuatro cuerpos, no hay elementos que justifiquen su imputación por los delitos de daños, violación de domicilio, estrago y hurto, según afirma Juan Figueroa, defensor de diez de los involucrados. Para el abogado, “había que inculpar a alguien y encerraron a los que no son”.
Actualmente, la causa se encuentra a la espera de la visualización de mensajes e imágenes que guardan los teléfonos y computadoras secuestrados. El peritaje de la mitad de estos aparatos fue la última actuación realizada hasta el momento y los peritos de parte ya informaron que “hay irregularidades sobre cómo llegaron los objetos secuestrados, ya que no se respetó la cadena de custodia”, comenta Figueroa y precisa que algunos objetos no estaban precintados.
Estas circunstancias y la imprecisión con que la fiscal Rodríguez primero, y la fiscal Marta Nieva después, determinaron el hecho delictivo darían lugar a planteamientos de nulidad de esta causa penal que, con estos elementos, afirma el abogado defensor, debería concluir con el sobreseimiento de todas y todos los imputados.
Máquinas en el cerro
Los daños a la sede de la empresa MARA no pueden separarse de su marco contextual: el enojo popular desencadenado por el ascenso de la maquinaria al yacimiento Agua Rica para iniciar los trabajos de exploración avanzada. “Están violando el cerro –afirma Eduardo Villagra, uno de los vecinos imputados por los daños al inmueble de MARA- Están pasando por sobre lo que la gente de Andalgalá quiere. Y te sentís silenciado. Es como que gritás y gritás y nadie te escucha”.
Él era un adolescente cuando empezó a militar contra la megaminería, utilizando el rap como un arma y la información como una herramienta. Sabe que son años de acudir al Poder Judicial, de combatir la desinformación, de acampar en el frío, de caminar en la plaza.
Pero no sólo el cerro están violando; también las leyes. De hecho, el Gobierno provincial autorizó estos trabajos pese a la existencia de glaciares y ambiente periglacial en la zona del yacimiento. Aunque esto fue constatado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en marzo último (informe que obra en el expediente N°7997/2019, caratulado De Miguel y otros/ sobre averiguación de delito), aún se aguarda una nueva inspección a cargo del Ianiglia (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
Esta inspección, ordenada por el fiscal Guillermo Marijuán y convalidada por la jueza María Servini de Cubría, está frenada porque se hizo lugar a la participación del gobierno provincial, que se opuso porque “no quiere que se constaten los glaciares ni el ambiente periglacial”, denuncia Mariana Katz, abogada de la Asamblea El Algarrobo y miembro del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
Esta intromisión provincial fue apelada, ya que ni siquiera existe “una figura jurídica que la avale, porque en el Código de Procedimiento Penal no existe la figura de tercero interesado”, bajo cuyo nombre se aceptó la participación del gobierno catamarqueño que entró “por la ventana”, señala Katz.
Como denunció reiteradas veces la Asamblea El Algarrobo, queda expuesta así, una vez más, la connivencia entre poder político y las empresas multinacionales. Este matrimonio le valió al gobernador, Raúl Jalil, un “no” rotundo cuando pidió en mayo último dialogar con las y los vecinos de Andalgalá. “No se dialoga con un Gobierno que privilegia los intereses económicos y corporativos de una empresa transnacional por sobre los bienes comunes de los pueblos que debería representar y proteger”, argumentó la Asamblea en un comunicado.
Caminar la esperanza
En Andalgalá la autodeterminación a vivir libres de megaminería se expresa con el cuerpo y la palabra, con la música, la pintura y la alegría. Y todo eso converge en las caminatas que se realizan ininterrumpidamente desde hace más de once años, y que este 7 de agosto alcanza las 600 caminatas. Esto las convierte en algo histórico.
“No hay 600 caminatas por lo que sea en ningún lado, no hay”, dice emocionado Eduardo Villagra, y agrega, dibujando con las manos una especie de podio: “Vos decís ‘Madres de Plaza de Mayo’, ‘Andalgalá’…”. Sus ojos dejan ver lo que siente: “A mí se me infla el pecho. Me emociono cuando hago el repaso desde ese toldo que era El Algarrobo hasta hoy”.
Y es que la gestación de las caminatas está ligada al nacimiento de la Asamblea El Algarrobo. Sergio Martínez rememora esa génesis y cuenta que la Asamblea tenía apenas días cuando se realizó, el 2 de enero de 2010, la primera caminata. Había sido convocada mediante un megáfono que recorrió las calles, los barrios, los distritos. El motivo era protestar ante la autorización para explorar y explotar el yacimiento Agua Rica.
La respuesta fue contundente: miles de familias concurrieron a la plaza para rechazar el proyecto. Daniela Fernández y Sergio Martínez se emocionan al recordar esa primera caminata y coinciden en que había tanta gente, tantas caras que nunca antes se habían expresado, que no pudieron menos que abrazarse y llorar, tras años de trabajar en la concientización.
Esos primeros pasos en la plaza no se detuvieron más y hoy, en un ejercicio de ciudadanía, siguen pisando el territorio que defienden, para dejar en claro que no hay licencia social para la megaminería. “Yo creo que las caminatas persisten porque representan la esperanza de nuestro pueblo”, expresa Daniela, mientras mira a su hija más pequeña, que ya practica su andar en esta expresión de resistencia.
Durante estos once años, las caminatas han sido acompañadas por referentes de derechos humanos, científicos y artistas, por habitantes de otros suelos, por víctimas de otros extractivismos (agronegocio, fracking, represas). Las caminatas fueron y son objeto de investigación social y hasta recibieron -en 2018, en el Congreso de la Nación-, el premio “Berta Cáceres”, por su defensa del ambiente.
Las caminatas han transformado la agenda del pueblo. “Así como hay gente que va a misa los domingos, así yo voy los sábados a la caminata”, grafica Eduardo, que asiste acompañado por su hija, su hijo y su bebé que ya participa desde la panza de su compañera Gabriela. Como ellas, como ellos, personas de todas las edades y condiciones concurren a cada caminata, dejando su huella y su tiempo en esta lucha colectiva.
“Yo quiero que mis hijos sigan viviendo acá, que puedan aprender las cosas que yo he aprendido, que vean la magia de poner una semilla y ver cuando la planta sale y crece. Por eso camino. Porque me siento digno cuando camino”, expresa Eduardo Villagra, que produce dulces y aceite de oliva, reivindicando así las economías regionales. A Daniela le brotan las lágrimas cuando intenta explicar por qué es infaltable a la cita del sábado: “Tengo la responsabilidad de caminar por mis hijos y de ofrecer algo distinto al mundo que a ellos les depara, que los contiene”. Raúl Martínez, a sus 84 años, tampoco falta, porque entiende que así defiende “el derecho más sublime que tiene el ser humano, que es el derecho a la vida”. Y desde sus 10 años, Flor afirma, con una voz firme y segura: “Yo camino porque no quiero que mi pueblo se quede sin agua y desaparezca”.
Serán más de 600 caminatas. Andalgalá lo sabe. “Serán las que tengan que ser, hasta que se vayan de nuestras montañas, de nuestro pueblo”, afirma Sergio Martínez. Es que Andalgalá sabe que el camino es duro y largo. Mientras el agua y la vida estén en riesgo, prometen seguir en las calles, en defensa del agua y la vida. Lo resume una bandera pintada hace años por niñas y niños caminantes: “Damos pasos de vida, dejamos huellas de resistencia”.
Gentileza de: Agencia de noticias TierraViva
