El 40 por ciento de los análisis en una escuela rural de Baradero dieron positivo de agrotóxicos. Las niñas y una docente tienen el herbicida glifosato en la sangre. Las organizaciones, asambleas y familias exigen que se alejen las fumigaciones a más de 1000 metros y que el Estado realice estudios. El Municipio propone solo 250 metros de protección.
Por Nahuel Lag
“¿Qué agua tomamos, qué aire respiramos?”, interpela una campaña impulsada por organizaciones socioambientales en el municipio bonaerense de Baradero, localidad de la zona núcleo agropecuaria que no cuenta con legislación para poner límites a la fumigación con agrotóxicos. ¿Tendremos glifosato corriendo por nuestro cuerpo?, se preguntaron. La respuesta llegó con los resultados de las muestras de orina enviadas por la comunidad educativa de una escuela rural a un laboratorio especializado de Mar del Plata: tres de ocho muestras analizadas (un 40 por ciento) dieron positivo a la presencia de glifosato y en una al metabolito AMPA, uno de los principales productos de degradación del herbicida. Los casos positivos fueron de dos niñas de 6 años y una docente.
Mientras la comunidad prueba que los agrotóxicos están circulando en sus cuerpos —decidieron preservar la identidad de las personas de la comunidad educativa a la espera de contar con un informe final más amplio—, la Municipalidad de Baradero lleva dos años de demora en el tratamiento de una ordenanza que ponga límite a las fumigaciones. Las organizaciones locales piden alejarlas a 500 metros de las viviendas y escuelas rurales para aumentarlas progresivamente hasta los 1100 metros, mientras que la Sociedad Rural exige que sean solo 50 metros. El gobierno municipal, a cargo del intendente Esteban Sanzio (Frente de Todos), presentó a principios de junio un proyecto de ordenanza que pone un límite de solo 250 metros, sin progresividad.
La campaña de concientización sobre la presencia de agrotóxicos en el cuerpo, el agua y el suelo de Baradero la llevan adelante la Red Local de Estudios Agroecológicos Baradero (Relea), Acción Ambiental Baradero y Baradero Verde, con el acompañamiento de la Red Federal de Docentes por la Vida. “Los análisis son una foto de la situación, no sabemos si estamos ante cuerpos enfermos o que están enfermando. Lo que necesitamos es un estudio de largo plazo porque tenemos la prueba de que hay tóxicos peligrosos que no deberían estar en el cuerpo”, señala Mauro González, integrante de Relea-Baradero.
González pone énfasis en la necesidad de un estudio más amplio que las muestras enviadas al laboratorio y costeadas por las organizaciones y vecinos porque la presencia del glifosato habla de la violación a la Ley de Residuos Peligrosos (Nº 24.051). “El glifosato no debería estar presente en sangre y orina de ninguna persona, mucho menos de niños y niñas de edad temprana”, sentenciaron las organizaciones en un comunicado.
En ese tono, la campaña de concientización exige al Municipio de Baradero que tome cartas en el asunto y le recuerdan el artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Glifosato en el cuerpo de las niñas y una docente
El glifosato es el herbicida más utilizado por el modelo agropecuario transgénico. En Argentina se estima que se aplican 12 litros de agrotóxicos por habitante por año. La Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato “posiblemente cancerígeno” en 2015 y existen más de mil estudios científicos que relacionan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y parkinson. Esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos condenó a Bayer-Monsanto, productora del herbicida Roundup a base de glifosato, a pagar una condena de 25 millones a un ciudadano que padeció linfoma de no-Hodgkins (una forma de cáncer) por el uso habitual del agroquímico.
Se trata de un tóxico que no debería estar en el cuerpo de las personas. Sin embargo, las muestras de orina enviadas al laboratorio Farestaie de Mar del Plata arrojó 3,70 microgramos por litro (μg/L) de glifosato en orina y 1,90 (μg/L) de AMPA en un niña de 6 años que asisten a una escuela rural de Baradero. En la misma comunidad educativa otra niña registró 1,20 (μg/L) de glifosato y una docente 1,00 (μg/L). A mediados de 2021, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) publicó la guía Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil, en la que repone la bibliográfica sobre usos de agrotóxicos en el país y el perjuicio en la salud infantil de los productos mayormente utilizados en los campos de la Argentina como clorpirifos, atrazina, imidacloprid, 2-4D, paraquat, carbofuran y glifosato.
En los tres casos positivos del muestreo realizado se da la particularidad que las niñas viven en la ruralidad, pero no en un predio donde se produzca con agroquímicos, mientras que la docente vive en el centro de la ciudad y se traslada a la escuela para las horas de clase. “Con estos resultados queda expuesto el debate sobre la deriva de agrotóxicos que para la Sociedad Rural y el discurso de las ‘Buenas Prácticas Agrícolas’ es de solo diez metros”, apunta el integrante de la Relea. La deriva es la distancia que recorren las partículas de los agroquímicos luego de una pulverización y que no se limita a momento de la aplicación sino que pueden recorrer cientos de kilómetros, por ejemplo, a través del aire cuando se evaporan.
“Las familias que viven en la ruralidad advierten las intoxicaciones agudas, pero no cuentan con información sobre los riesgos de la exposición crónica. A partir de los resultados que obtuvimos aparecen la preocupación y los miedos”, describe González sobre los peligros para la salud que aún pasan desapercibidos. Por eso, la campaña “¿Qué agua tomamos, qué aire respiramos?” impulsa que los análisis sobre la situación sanitaria de Baradero no dependa del esfuerzo de organizaciones sociales que logran juntar el dinero para realizar los estudios.
“No son análisis que para el Estado sean caros. Son estudios que los gobiernos pueden costear, pero no lo quieren hacer porque saben cuál va a ser el resultado. Por eso es la población la que hace la logística y cubrimos los costos. No podemos esperar los tiempos del Estado porque la realidad es que el glifosato está en el cuerpo de las personas”, sentenció el integrante de Relea. Los estudios de orina cuestan 5 mil pesos, mientras que los de sangre completo 20 mil pesos.
¿Quién le pone límite a las fumigaciones en Baradero?
La campaña impulsada por las organizaciones socioambientales cuenta con otros dos estudios para exponer la realidad del municipio de la zona núcleo del agronegocio: análisis de suelo y de agua para detectar la presencia de plaguicidas. Una primera serie de muestras fueron enviadas al Centro de Investigaciones Medioambientales de la Universidad Nacional de La Plata (CIMA), que integra el científico Damián Marino; y otra serie será enviada a analizar al INTA Balcarce, donde el análisis lo encabezará la doctora Virginia Aparicio, quien intervino en los análisis requeridos por vecinos y vecinas de Pergamino que lograron un fallo judicial para alejar las fumigaciones. Estos estudios tienen un costo de 10 mil pesos para las organizaciones.
Un informe preliminar del primer estudio realizado en el CIMA detectó 56 plaguicidas y metabolitos de los plaguicidas en agua y tierra. Aunque los primeros análisis encontraron plaguicidas dentro de los parámetros permitidos por los organismos de control estatales, las muestras se encontraban lejos de los campos donde se aplican. “Cuando hablamos de presencia lo que ponemos en discusión es la deriva”, apunta González.
Este tipo de estudios sobre la presencia de plaguicidas que no realizan desde los poderes Ejecutivos ni desde el sistema de salud también fueron impulsados por las comunidades en otras localidades bonaerenses como Lobos, Mar del Plata o Exaltación de la Cruz, pero no en todas se logran traducir en herramientas legislativas locales para proteger la salud y el ambiente, comenzando por poner un límite a las fumigaciones, como ocurrió recientemente en Tandil. En este último municipio bonaerense también se denunció cómo se aplican agrotóxicos sin las recetas agronómicas necesarias, tal como indican las «Buenas Prácticas».
Baradero limita con los partidos Zárate, San Pedro, San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento. Solo Zárate y Baradero son los municipios que no cuentan con ninguna legislación que limite el uso de agrotóxicos. La campaña impulsada por la Relea, Acción Ambiental Baradero y Baradero Verde busca modificar esta situación, por lo que hace dos años propusieron un proyecto de ley que proponía alejar las fumigaciones a 1000 metros de escuelas y zonas urbanas, con una progresividad para llegar a los 2000 metros en seis años. La iniciativa quedó trabada en el tratamiento en comisiones. La respuesta fue la presentación de otra iniciativa por parte de la Sociedad Rural para que el límite sea de solo 50 metros.
El Municipio de Baradero abrió una mesa de negociación y el pasado 14 de junio anunció que enviará una iniciativa con una zona de exclusión de 250 metros para escuelas rurales, sin precisar cuál será la distancia para las zonas urbanas y periurbanas. En los diálogos de la mesa abierta por el municipio, las organizaciones socioambientales propusieron que la norma contempla la progresividad para que, cada tres años, se incremente 300 metros la zona de exclusión y alcanzar los 1100 metros en seis años, algo que por el momento quedó descartado por el Ejecutivo municipal.
“El proyecto aún no está finalizado. Dijeron que nos lo enviarían para evaluarlo y hacer devoluciones, pero aún no lo recibimos”, apuntaron las organizaciones socioambientales. Uno de los argumentos presentados en la mesa de negociación contra la iniciativa original de las organizaciones fue una proyección del INTA-San Pedro que indicaba que el proyecto, al llegar a los 2000 metros de exclusión, afectaría al 28 por ciento del territorio de explotación agrícola del municipio. “Nos tildaron de prohibicionistas, pero nosotros estamos proponiendo producir y hacerlo de forma agroecológica. El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense cuenta con herramientas formales que fomentan la agroecología”, apuntó el integrante de Relea.
El debate a nivel provincial para actualizar la legislación sobre agrotóxicos y establecer nuevas zonas de exclusión de fumigaciones para proteger la salud y el ambiente continúa demorada. El gobierno de Axel Kicillof suspendió el decreto 246 de la gestión de María Eugenia Vidal, a medida de las pretensiones de los sectores del agronegocio, y creó el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA) a cargo de proponer una nueva legislación, pero los tiempos corren y no existe una propuesta concreta.
“Desde la OTA reconocen los estudios sobre deriva de agrotóxicos, pero no marcan una posición sobre el metraje para que los municipios lo incorporen a sus ordenanzas e insisten con los Buenas Prácticas Agrícolas. Prevalece las posiciones de Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) y la Sociedad Rural”, lamenta González.
Gentileza de: Tierra Viva Agenvia de Noticias
