La Cámara de Casación ordenó avanzar con la investigación por delitos de atentado a la salud pública e infracción a la ley de residuos peligrosos contra la empresa Ternium (ex Siderar), que el juez Carlos Villafuerte Ruzo buscó evitar. Vecinos y vecinas de Ramallo, Buenos Aires, denuncian la contaminación del agua subterránea con metales pesados, respaldados por estudios de la Policía Federal y del órgano de control bonaerense.
Por Asociación Civil Cuenca del Paraná
La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa, siguiendo el dictamen del Fiscal General Raúl Omar Pleé, ordenó que continúe la investigación penal contra Ternium Argentina S.A. (ex SIDERAR SAIC) la mayor planta siderúrgica del grupo Techint. En esta causa tramitada en el Juzgado Federal 2 de la ciudad de San Nicolás, un grupo de vecinos y vecinas de la localidad de Ramallo denunciaron a la empresa del grupo liderado por Paolo Rocca, por la posible comisión de los delitos de atentado a la salud pública y de infracción a la ley de residuos peligrosos, dos figuras penales que encuadran en lo que hoy intenta definirse como “delitos ambientales”.
La abogada que representa a los vecinos afectados, María Gimena Viviani, precisó que las pruebas de contaminación son objetivas, graves y relevantes. En tanto, se espera que la Cámara Federal de Rosario resuelva sobre una medida cautelar presentada por organizaciones ambientales para que se brinde protección a los bosques nativos y humedales del Delta del Paraná.
El fallo de Casación viene a revocar una sentencia del Juez Carlos Villafuerte Ruzo —a cargo del Juzgado Federal 2 de San Nicolás— en el que se había declarado incompetente para intervenir en las demandas contra la empresa del grupo Techint. De este modo, la Cámara dispuso que la causa continúe su trámite en el mismo Juzgado a cargo de Villafuerte Ruzo.
En su fallo la Cámara de Casación no ahorró críticas al juez por las graves demoras en avanzar en la investigación contra la empresa del grupo liderado por Rocca. Por ello, los camaristas ordenaron al juez que “evite en el trámite del expediente demoras como la registrada, aproximadamente un año y dos meses desde la fecha de resolución a la concesión del recurso. Es que la gravedad de los hechos denunciados, nos llevan a considerar conveniente que el magistrado federal a cargo de la tramitación de las presentes actuaciones arbitre los medios necesarios a fin de agilizar el proceso.”
Enfermedades, muertes, contaminación de aguas y suelos, y destrucción de ecosistemas
Los vecinos y vecinas de Ramallo informaron ante la Cámara que tomaron conocimiento de la existencia de documentos públicos que acreditan que la empresa Ternium contaminó con metales pesados el agua subterránea y el curso de Río Paraná. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de sus viviendas ubicadas en terrenos del Cuartel V de Ramallo, linderos a las fábricas Ternium Argentina S.A. y Carboquímica del Paraná SA. La contaminación generada sería la probable causa de distintas enfermedades que padecen los habitantes del lugar, así como del fallecimiento de un niño de seis meses de edad a causa de una cardiopatía congénita.
En su denuncia, los vecinos agregan que se proveían de agua subterránea hasta que comenzaron a sospechar que el agua estaba contaminada. También denuncian contaminación con bifenilos policlorados (PCBs) a causa de que la empresa almacenó sobre terreno natural transformadores y cisternas conteniendo esa sustancia, altamente tóxica.
En su dictamen, el fiscal federal Pleé refirió que se aportaron “elementos que dan cuenta de la contaminación de las aguas del Río Paraná, cuyo curso alcanza las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.” Por su parte, en el dictamen de la Cámara, la jueza de Casación Ana María Figueroa sostuvo que “se debe tener presente la relevancia de la cuestión denunciada, en tanto el daño al medio ambiente mediante el uso de los residuos peligrosos previstos en la norma daña al ecosistema y afecta, al menos de modo potencial, la salud de los habitantes. Ello, por cuanto la gradual destrucción del ecosistema en el que vivimos tiene como efecto inmediato el deterioro de la salud humana”.
La abogada que representa a los vecinos afectados, María Gimena Viviani, precisó que las pruebas de contaminación son objetivas, graves y relevantes. Según la letrada, consta en el expediente judicial que la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal tomó muestras de agua del Río Paraná en la zona de vuelcos de la empresa denunciada, y que los correspondientes análisis del laboratorio oficial acreditaron que existe un alto grado de contaminación con metales pesados, en particular, níquel, cobre, plomo y cromo, todos ellos en niveles superiores a los permitidos por la normativa vigente.
El informe de la Policía Federal indica además que esos valores son perjudiciales para la vida acuática y que representan un riesgo inadmisible para la salud humana. Complementando este dramático panorama, el ex OPDS —hoy Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires— detectó que esos mismos metales pesados también fueron hallados en el agua subterránea en el subsuelo del predio donde la empresa del grupo Techint tiene sus instalaciones industriales.
Las familias afectadas por el accionar de la empresa Ternium incluyen a pescadores artesanales que han visto severamente afectada su actividad por la contaminación producida. Además, la zona ribereña afectada se encuentra declarada como bosque nativo de máxima protección por la Ley 14.888.
La contaminación ambiental en esa zona del Río Paraná es una preocupación generalizada y que se profundizó en la última década. Por ello, organizaciones ambientales como Cuenca del Río Paraná solicitaron en el Juzgado Federal una medida cautelar que brinde protección a esa zona de gran valor ambiental donde predominan la presencia de bosques nativos y humedales del Delta del Paraná. Se espera que en los próximos días la Cámara Federal de Rosario resuelva sobre ese pedido urgente.
Paolo Rocca y el grupo Techint, procesados en varios países por corrupción y contaminación
Este revés judicial se suma al escenario complejo que el grupo Techint atraviesa en diversos países. En marzo pasado, la fiscal italiana Donata Costa pidió cuatro años de prisión para Paolo Rocca y dos de sus familiares también directivos del Grupo Techint por el delito de corrupción internacional en hechos ocurridos en Brasil involucrando a la empresa Tenaris, propiedad del mismo grupo. Sin embargo, los empresarios resultaron beneficiados por el Tribunal de Milán, al declararse éste incompetente para juzgar el delito de corrupción por hechos ocurridos en Sudamérica, eludiendo así la sentencia sin haber sido absueltos.
La misma trama de corrupción internacional fue investigada, de este lado del océano, por la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos (SEC), quien puso bajo la lupa a Tenaris por violación de una ley antisoborno de EEUU —la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero— a través de un esquema que involucró a agentes y empleados de su filial brasileña. Sin embargo, el 2 de junio la empresa del grupo Techint resolvió los cargos, sin admitir ni negar las conclusiones de la investigación de la SEC aceptando pagar 53,100,338 dólares en concepto de restitución e intereses, más una multa de 25,000,000 dólares para concluir el asunto.
En Brasil, además de los cargos de corrupción por sobornos, el Grupo Techint provoca similares conflictos ambientales que en nuestro país. Es el caso por ejemplo de Planta Industrial de Rio de Janeiro, ubicada en el barrio Santa Cruz, “Companhia Siderúrgica do Atlântico” Ternium CSA, contra la cual también existen graves denuncias por contaminación del aire, suelo y agua de la Bahía de Sepetiba, similar situación con lo denunciado por los y las vecinas afectadas en la provincia de Buenos Aires a orillas del Río Paraná.
De Somisa a Ternium: la doble apropiación de lo público
Como en tantos casos de grandes empresas de nuestro país, el origen de Ternium Argentina es inseparable del saqueo del Estado perpetrado por grandes corporaciones bajo el paraguas de las reformas privatizadoras de los años noventa. En 1992, como parte del desguace del Estado que pulverizó en instantes el capital acumulado por generaciones de argentinos y argentinas, el grupo Techint de la familia Rocca se quedaba con Somisa (Sociedad Mixta de Siderurgia Argentina), la siderúrgica estatal que había sido creada en 1947. En 1960, Somisa inauguró su “nave insignia”, la Planta General Savio en Ramallo —donde hoy funciona la Planta de Ternium— convirtiéndose en una de las mayores industrias del país y de Sudamérica.
En 1990, como preludio a su privatización, el gobierno nacional había intervenido Somisa designando interventores a diferentes personajes del mundo empresarial y sindical, Hugo Franco, Juan Carlos Cattaneo, Jorge Triacca y por último María Julia Alsogaray quien se encargará de la liquidación final. Al momento de la intervención, Somisa se ubicaba entre las 30 empresas de mayor facturación anual del país y ocupaba el primer lugar en cuanto a su aporte a las exportaciones agregadas de productos siderúrgicos. Las intervenciones estuvieron signadas por generar un importante déficit económico-financiero que otorgó elementos suficientes para justificar su transferencia al Grupo Techint, por un valor de venta irrisorio.
Los graves hechos de contaminación que reflejan la causa penal contra Ternium, iluminan un costado menos explorado, pero no menos significativo, de la apropiación del patrimonio público por parte del capital concentrado. La empresa acumula las enormes cantidades de residuos peligrosos sobre tierras ribereñas de humedales y bosques nativos, afectando o directamente apropiándose de tierras públicas y bienes comunes.
El costo de los daños a los ecosistemas y sus servicios esenciales son cargados a la cuenta de la sociedad en su conjunto, mientras esta externalización incrementa las ganancias de la empresa. Son los vecinos y vecinas afectados y afectadas quienes afrontan, sufren y pagan las consecuencias de la degradación ambiental sobre su propia salud. Los costos recaen además sobre las espaldas de todos los y las contribuyentes que con sus impuestos financian el sistema de salud que debe hacerse cargo del tratamiento de las enfermedades causadas por la contaminación.
La sentencia judicial alimenta una nueva esperanza de que, por una vez, los derechos humanos fundamentales merezcan el lugar de prelación que les corresponde frente a los intereses del capital.
Fotos: Juan Alaimes
Gentileza de: TierraViva
