Héctor Reyes Corvalán, campesino de Suncho Pampa, Santiago del Estero, fue baleado y empujado a la desesperación de quemarse vivo por orden de un empresario que busca quedarse con sus tierras. Amenazaron de muerte a su familia, destrozaron todo a su paso, quemaron su casa, mataron y desaparecieron a sus animales, lo hostigaron de forma constante para quitarlo de su territorio.
Organizaciones campesinas de Santiago del Estero habían denunciado hace varios días que Corvalán había sido ferozmente atacado por la Policía que llegó a cumplir una orden de desalojo. No solo fue impactado por balas de goma y sufrió múltiples quemaduras. “En el operativo hicieron destrozos (hornos, cercos), mataron a los perros, se robaron 200 cabezas de ganado e incendiaron el rancho”, revelaron.
La orden de desalojo había sido emitida por la jueza María Cecilia Paskevicius, del Juzgado Civil de Tercera Nominación, magistrada que en reiteradas oportunidades emitió órdenes judiciales en contra de los derechos campesinos e indígenas, de las familias y sus territorios.
La decisión de la jueza había tenido lugar en el marco del conflicto que mantienen los campesinos locales con el empresario cordobés Néstor Quesada, que desde 2012 intenta apropiarse de sus tierras.
Quesada opera con una banda armada en la zona. En múltiples ocasiones, esas bandas efectuaron amenazas de muerte con armas de fuego, daño en el campo, incendio de cercos y matanzas de animales.
Todas esas situaciones fueron denunciadas por las organizaciones que agrupan a los campesinos, pero la Justicia nunca actuó. “La Justicia y las fuerzas policiales solo actúan para defender los intereses de los terratenientes, como los del empresario Quesada en este caso”, denunciaron los campesinos.
María, su compañera hace ya 15 años, les contaba hace unos días a los y las compañeras de Red Nacional de Medios Alternativos sobre este problema que había empezado ya el 1 de agosto del 2012, cuando un empresario cordobés llamado Néstor Quesada se hizo presente con topadoras diciendo que la propiedad era de él. Arrasó con todo en ese tiempo, mató animales, cortó alambres, quemó productos forestales, les derrumbó la casa, y que ahí fue el comienzo de esta pesadilla.
En el mes de marzo les habían notificado que había un interdicto, los abogados habían apelado sobre esa orden. Después la jueza acepta la apelación, nunca más fueron notificados.
De repente, el viernes 12 de octubre se hizo presente personal policial de Nueva Esperanza y El Mojón juntamente con un oficial de justicia. Este oficial, Moreno Siglia, no era competente para hacer esto por las causas que él tiene y no tenía jurisdicción para realizar ese procedimiento. Y fue con dos camionetas del empresario y con bandas armadas, con gente armada.
Al día de la fecha no hay ni una persona detenida.
Recordemos que el 75% de las tierras cultivadas de Santiago del Estero pertenece solo a un 15% de los empresarios del agronegocio. El empresario Quesada se adueñó más de 30 mil hectáreas ilegalmente en el norte del departamento Pellegrini dos semanas antes del desalojo en cuestión.
Héctor Reyes Corvalán prácticamente fue nacido y criado ahí, murió con 55 años. Su padre trabajaba ahí, luego continúo él con los hermanos, y después de varios años él quedó a cargo. Son casi dos generaciones, porque los hijos de Corvalán ya son grandes, uno ya tiene treinta y pico de años. Nunca había tenido un problema hasta ese 1 de agosto de 2012 que llegó este empresario.
