Por Nahuel Lag
Con una decisión judicial pendiente en la Cámara de Apelaciones, el Ministerio de Ambiente abrió entre los días 5 y 18 de este mes una “consulta pública temprana” –a través de una plataforma digital del gobierno nacional– para avanzar con la exploración sísmica en el Mar Argentino. Desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras señalaron que “la población no fue informada” de forma previa, mientras que desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) calificaron la consulta como “una mímica de participación”.
El Gobierno dio a publicidad información en el marco de los mecanismos de participación que establece la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y el Acuerdo de Escazú. Pero es solo una estrategia para avanzar sin trabas judiciales en la exploración sísmica en la denominada Cuenca Argentina Norte (CAN) 102 y una perforación exploratoria en el “Pozo Argerich-1” del área CAN 100 –a 2500 metros de profundidad–. Es la misma zona que está involucrada en una medida cautelar que está a la espera de resolución de la Cámara marplatense.
¿Cómo se llega a esta consulta pública virtual?
Durante el gobierno de Mauricio Macri se licitaron 18 áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental del Mar Argentino. Con el cambio de Gobierno y la restitución de la cartera de Ambiente como Ministerio, a cargo de Juan Cabandié, en julio de 2021 se realizó la audiencia pública virtual –pandemia mediante– para avanzar con la aprobación de los permisos de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las áreas CAN 100, 108 y 114, que buscan explotar de manera conjunta la noruega Equinor, YPF y Shell. Los EIA fueron realizados por las empresas (u otras subcontratadas), sin participación ciudadana. De todas maneras, la mayoría de los participantes inscriptos rechazó la explotación petrolera.
En septiembre, Cabandié anunció que suspendía los EIA, pero en el último día hábil del año cambió su decisión y habilitó los permisos con la Resolución 436/2021. En el apuro de emitir esa resolución, la cartera de Ambiente olvidó en el artículo 2 –que aprobaba la realización de los proyectos– mencionar el CAN 100, algo que corrigió el 19 de enero a pedido de Equinor.
La reacción a la resolución fue el “Atlanticazo”. El 4 de enero de este año se produjo una de las movilizaciones más grandes de la historia de Mar del Plata y se replicó en otras ciudades costeras. Pocos días después, la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, dictaminó a favor de una medida cautelar presentada por integrantes de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, a la que se sumaría otras dos presentaciones de Greenpeace y Abogados Ambientalistas y del propio intendente de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro. A principios de febrero, la movilización se repitió y el juez federal Santiago Martín hizo efectiva la cautelar y suspendió los permisos de exploración.
Los argumentos de la decisión de Martín fueron, según figura en el fallo, tres:
- El cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).
- La falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión.
- Las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino.
El Ministerio de Ambiente, junto a las empresas que tienen la licitación de explotación, apeló la decisión y recusó a Martín por “imparcialidad”, bajo el argumento de una foto que circuló en redes sociales del magistrado junto a José Esaín, abogado que representa al Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA).
El Gobierno sostuvo que Esaín fue uno de los amparistas contra los permisos otorgados, algo que no ocurrió. Sin embargo, la causa quedó momentáneamente en manos del juez Alfredo López quien dio lugar a la apelación. La suspensión de los permisos de explotación y el apartamiento de Martín están pendientes en la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.
Una consulta pública con la información de las empresas extractivas
El Gobierno tomó nota del fallo judicial en contra y comenzó a cumplir los pasos marcados por el juez Martín con la consulta y la publicidad de información para aprobar los EIA de una nueva exploración sísmica 3D en el CAN 102 y en el CAN 100 –cuyo permiso está dentro de lo que debe resolver la Cámara de Apelaciones– de una perforación exploratoria en el “Pozo Argerich”. Por su parte, como tercer punto marcado en la cautelar pendiente de resolución, el Municipio de General Pueyrredón convocó a una audiencia pública para el 30 de mayo para “intercambiar saberes y perspectivas con respecto a la exploración para la búsqueda de hidrocarburos en el Mar Argentino”.
El abogado ambientalista patrocinante de una de las cautelares que frenó la resolución de diciembre e integrante de la Comisión de Legales de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, Lucas Landívar, analiza: “En la audiencia de julio se mostró un mayoritario rechazo al proyecto petrolero en general y también se manifestó un repudio de la población por la falta de información disponible. La Justicia a su vez hizo mención a este tema al dictaminar la medida cautelar. Por eso, en esta oportunidad, realizan estas consultas tempranas”.
En cuanto a la audiencia consultiva municipal, Landívar agrega: “No tiene injerencia sobre el proyecto autorizado por el Ministerio de Ambiente. Por lo tanto también es otro proceso administrativo para cumplir con el requisito de que nuestra ciudad sea consultada. Pero no va a definir si el proyecto se hace o no”.
El Ministerio de Ambiente lanzó la “consulta pública previa” a través de la plataforma Consulta Pública, donde cualquier persona estuvo habilitada a registrarse validando su identidad a través de “Mi Argentina” –perfil digital ciudadano–, pero también con la simple registración de un correo electrónico. En la plataforma se presentaron tres ejes para cada proyecto que se busca aprobar: el primer eje describe las actividades a realizar en el marco del proyecto, el segundo aborda las líneas de base ambiental y el tercero reconoce los potenciales impactos ambientales y anticipa medidas posibles de mitigación.
Toda la información y documentación presentada fue aportada por Equinor e YPF –empresas con la licitación otorgada– y quienes se registraron tenían la posibilidad de dejar su opinión sobre la documentación presentada o un comentario en un foro abierto, al final de cada eje. La única opción que habría el debate público era un mensaje en el que se invitaba: “Para enviar comentarios adicionales sobre este eje o adjuntar documentación específica, enviar un correo electrónico” a consultapublica.pozoargerich@ambiente.gob.ar o consultapublica.ypfcan102@ambiente.gob.ar.
Desde el Ministerio de Ambiente, consultados por Tierra Viva, dijeron que se elaborará “un informe final obligatorio” o que “dará cuenta de los avances en la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú”. Pero no se mencionó la posibilidad de conocer la documentación adicional que se permitía aportar. En cuanto al proceso de evaluación de la perforación exploratoria del “Pozo Argerich-1” dentro del CAN 100, área pendientes de resolución judicial, fue considerada como un proyecto distinto.
Una consulta pública con la información de las empresas extractivas
El Gobierno tomó nota del fallo judicial en contra y comenzó a cumplir los pasos marcados por el juez Martín con la consulta y la publicidad de información para aprobar los EIA de una nueva exploración sísmica 3D en el CAN 102 y en el CAN 100 –cuyo permiso está dentro de lo que debe resolver la Cámara de Apelaciones– de una perforación exploratoria en el “Pozo Argerich”. Por su parte, como tercer punto marcado en la cautelar pendiente de resolución, el Municipio de General Pueyrredón convocó a una audiencia pública para el 30 de mayo para “intercambiar saberes y perspectivas con respecto a la exploración para la búsqueda de hidrocarburos en el Mar Argentino”.
El abogado ambientalista patrocinante de una de las cautelares que frenó la resolución de diciembre e integrante de la Comisión de Legales de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, Lucas Landívar, analiza: “En la audiencia de julio se mostró un mayoritario rechazo al proyecto petrolero en general y también se manifestó un repudio de la población por la falta de información disponible. La Justicia a su vez hizo mención a este tema al dictaminar la medida cautelar. Por eso, en esta oportunidad, realizan estas consultas tempranas”.
En cuanto a la audiencia consultiva municipal, Landívar agrega: “No tiene injerencia sobre el proyecto autorizado por el Ministerio de Ambiente. Por lo tanto también es otro proceso administrativo para cumplir con el requisito de que nuestra ciudad sea consultada. Pero no va a definir si el proyecto se hace o no”.
El Ministerio de Ambiente lanzó la “consulta pública previa” a través de la plataforma Consulta Pública, donde cualquier persona estuvo habilitada a registrarse validando su identidad a través de “Mi Argentina” –perfil digital ciudadano–, pero también con la simple registración de un correo electrónico. En la plataforma se presentaron tres ejes para cada proyecto que se busca aprobar: el primer eje describe las actividades a realizar en el marco del proyecto, el segundo aborda las líneas de base ambiental y el tercero reconoce los potenciales impactos ambientales y anticipa medidas posibles de mitigación.
Toda la información y documentación presentada fue aportada por Equinor e YPF –empresas con la licitación otorgada– y quienes se registraron tenían la posibilidad de dejar su opinión sobre la documentación presentada o un comentario en un foro abierto, al final de cada eje. La única opción que habría el debate público era un mensaje en el que se invitaba: “Para enviar comentarios adicionales sobre este eje o adjuntar documentación específica, enviar un correo electrónico” a consultapublica.pozoargerich@ambiente.gob.ar o consultapublica.ypfcan102@ambiente.gob.ar.
Desde el Ministerio de Ambiente, consultados por Tierra Viva, dijeron que se elaborará “un informe final obligatorio” o que “dará cuenta de los avances en la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú”. Pero no se mencionó la posibilidad de conocer la documentación adicional que se permitía aportar. En cuanto al proceso de evaluación de la perforación exploratoria del “Pozo Argerich-1” dentro del CAN 100, área pendientes de resolución judicial, fue considerada como un proyecto distinto.
A pesar de la mera formalidad que denuncian sobre la consulta abierta por el Gobierno, Landívar indica que la asamblea no deja de convocar a la participación como “un momento en el cual podemos llegar con nuestra información y nuestro mensaje a más vecinas y vecinos” como forma de enfrentar la propaganda lanzada desde el Gobierno a favor de la explotación petrolera en el mar. “Desde hace un par de meses, el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, en conjunto con YPF, vienen haciendo acuerdos con sectores gremiales, como Sindicato Marítimo de Pescadores y la CGT, y sectores empresariales interesados en participar del reparto del negocio en danza si este proyecto avanza y se inicia el proyecto petrolero”, denunció.
En los días en los que la consulta pública estaba abierta, el secretario de Energía, Darío Martínez, visitó Mar del Plata para reunirse con referentes de esas organizaciones gremiales y anunciar acuerdos como si la cautelar ya hubiese sido levantada por la Cámara de Apelaciones local y los proyectos consultados estuviesen aprobados. “Buscan generar consenso con aliados que poco se preocupan por el bienestar de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad”, apuntó el abogado de la asamblea y sentenció: “Estos anuncios hechos cuando hay una instancia judicial en curso nos demuestra la poca importancia que le da el Gobierno a la voz de las comunidades”.
¿Acuerdo Escazú? Una consulta no tan temprana
“La participación pública es un derecho de la ciudadanía y un deber de Estado, tal como se reconoce en nuestra legislación nacional y en el Acuerdo de Escazú”, sostiene el texto publicado por el Gobierno para la consulta pública temprana. Sin embargo, FARN –organización cuyo director ejecutivo, Andrés Napoli, es representante electo del público del Acuerdo de Escazú– emitió un duro análisis respecto de la legitimidad de la consulta realizada.
En el documento titulado “Consulta temprana, pero no tan temprana y otros problemas”, la organización ambiental comienza por resaltar que el acuerdo “llama a garantizar la participación del público desde las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, con el fin de que sus observaciones puedan ser debidamente consideradas y contribuyan a tales procesos”.
Para analizar esa garantía menciona los artículos referidos en el acuerdo, entre ellos, los que indican que la consulta debe ser con “plazos razonables” –en este caso fueron 15 días para leer la documentación y responder– y que “deberá promoverse la valoración del conocimiento local, el diálogo y la interacción de las diferentes visiones y saberes”, cuando la asamblea expresó no haber sido informada y las posiciones de científicos y académicos en contra de la explotación no fue reflejada.
El documento de FARN también se pregunta si la consulta fue realmente “temprana” y responde: “Como un primer aspecto central la necesidad de haber realizado consultas e instancias de participación anteriores a la licitación misma”. Las licitaciones fueron otorgadas durante el macrismo y legitimadas en el actual Gobierno. Al describir los “problemas de la consulta temprana”, la organización marca los siguientes puntos:
- Falta de claridad sobre el proceso.
- Limitada posibilidad de realizar observaciones y falta de claridad sobre el resultado del proceso.
- Plazo muy corto para que sea razonable.
- Escasos esfuerzos para superar las barreras a la participación.
“En primer lugar para que sea una instancia de participación temprana se debió realizar la consulta antes de otorgar derechos a las empresas, y el diálogo tiene que ser abierto. Cuando no existe la posibilidad de opinar libremente y no se contempla la posibilidad de rechazar el proyecto estamos ante una mímica de participación, que no tiene intención de incorporar la voluntad del público a la decisión que se tomará”, sintetizó el coordinador del área de legales de FARN, Santiago Cané.
Fotos: Greenpeace
Nota Gentileza de: Tierra Viva Agencia de Noticias
